¿A QUÉ FUERON LOS DIPUTADOS A PANAMÁ?

“Empequeñecer el gobierno”

¿Para qué y para quién?

Alguien decía : “Tengan cuidado: Este tema es de miedo”

Sí que puede ser de miedo…

En el 2.021 el Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina comprometió, ordenó y pagó TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($322.000.000.00) para el proyecto denominado “Difusión y democratización de la información del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, suma que comparada con lo que se gastan Char y Pumajero en Barranquila sería una mínima cuantía.

Es lo básico y fundamental con lo que deben cumplir todos los servidores públicos, exigencia de la Constitución Política de Colombia que establece que todo ciudadano tiene derecho a recibir información pública, presentar peticiones respetuosas y acceder a documentos públicos salvo excepciones, pocas, previstas en la ley.

Difundir y democratizar la información significa comunicar de manera permanente a la comunidad los acontecimientos más relevantes de la administración, y debería haber sido utilizada por los gobernadores que han estado en propiedad y en encargo, para contarnos a todos los pormenores del trámite de la Ordenanza No. OO1 del 26 de abril de 2.021, por medio de la cual se autorizó al Gobernador para constituir una Sociedad de Economía Mixta que apoye la conversión del Departamento en un territorio inteligente y sostenible.

De eso se ha encargado, en parte, QUITASUEÑO en entregas anteriores, en un artículo titulado “San Andrés Isla: Una nueva captura del Departamento “. http://www.quitasueño.com

A su regreso al Despacho como Gobernador de las islas, el 23 de abril de 2.021, Hawkins Sjogreen manifestó públicamente ante la radio y televisión regional que jamás sancionaría esa ordenanza; o lo que es igual: la objetaría.

Y le asistían todas las razones habida cuenta que el proyecto había sido radicado en forma silenciosa y sin información pública en la Asamblea Departamental por el entonces Gobernador Encargado, Allen Jay Stephens, y con el mismo se cercenaba, disminuía y limitaba una gran parte de la soberanía fiscal y administrativa de nuestro Departamento.

Peor aún si existe claridad de la presunta ilegalidad de constituir una Sociedad de Economía Mixta que apoye la conversión del Archipiélago en un Territorio Inteligente y Sostenible (TI) sustituyendo funciones esenciales del Gobierno, entregándolas en concesión por 30 años a un privado que manejará cuantiosas sumas y billonarios beneficios de dinero público que en la actualidad recauda la Secretaría de Hacienda del Departamento.

Autoriza la ordenanza al Gobernador realizar las inversiones y operación logística y tecnológica de la Oficina de Control de Circulación y Residencia “OCCRE”, y los demás servicios asociados que sean requeridos para que el Departamento tenga una tarjeta inteligente de ciudad; migrar a la prestación de otros servicios en tecnologías que requiera el departamento previo estudio de viabilidad para realizar todas las operaciones comerciales que se vinculen con la vocación de la empresa.

Este negocio ha tenido un trámite express que se describe en el siguiente itinerario:

1. El viaje a la Ciudad de Panamá de Diputados de la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: El Presidente de la Duma y la Comisión de Gobierno.

El viernes 5 de marzo de 2.021 -cuatro días después de iniciadas las sesiones ordinarias-desplegaron sus alas hacia el extranjero teniendo como destino la Ciudad de Panamá, cuatro diputados de la Asamblea, tres de ellos de la Comisión de Gobierno, y el Presidente de la Duma, con el fin de participar en una reunión programada en ese país con el Rey de las Tecnologías Electrónicas, Microelectrónicas y Circuitos Impresos.

Los diputados que permanecieron en la ciudad canalera y financiera hasta el domingo 7 de marzo fueron los siguientes:

Oswaldo “El Pimpi” García Ortiz

Carolina Púa Murillo

Escorcio Antonio Christopher Pomare y,

Carlo Domingo Gallardo Rojas.

Ellos serían quienes tramitarían el proyecto presentado por el gobierno, lo defenderían y votarían a favor hasta convertirla por la vía rápida en la Ordenanza No.001 del 2.021, cuatro días antes de expirar el primer periodo de las sesiones ordinarias.

Es decir, sin el beneplácito con un informe favorable por parte de los miembros de la Comisión de Gobierno para ser enviado a plenarias, el proyecto hubiera naufragado como se ahogan muchos sin que sus miembros les hubieran dado tan siquiera una lectura.

2. El proyecto de ordenanza con muy serias implicaciones y riesgos de mutilaciones funcionales y orgánicas al Ente Territorial, fue presentado por el gobierno y radicado en la Asamblea Departamental el 15 de abril de 2.021, y en menos de un mes y medio después de finalizado el viaje de los diputados, ya tenia informe favorable de la Comisión de Gobierno conformada por Oswaldo García Ortiz; Carolina Púa Murillo y Carlo Domingo Gallardo Rojas.

Al Presidente, Escorcio Christopher Pomare, le llegaría su turno en los tres debates reglamentarios, impulsándola contra vientos y mareas hasta lograr su cometido: La aprobación a toda prisa y sin mayores interferencias del proyecto de ordenanza.

En tan solo nueve días luego de su presentación, como otra maldición para las islas, nació y fue bautizada la Ordenanza No. 001 del 26 de abril de 2.021.

3. De forma sincronizada y paralela el mismo 26 de abril fue aprobada la Ordenanza No.002 de 2.021, presentada por el Gobernador (E) y Secretario de Hacienda, Luis Viloria Howard, por medio de la cual se le otorgaron unas facultades al Gobernador hasta el 31 de diciembre de 2.021, entre otras, para crear la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Sin la operación, aunque sea de manera formal de esta Secretaría, el esquema aprobado se vendría a pique ya que sin un supervisor (el Secretario) entre comillas que justifique y certifique el cumplimiento de quien se constituya como concesionario u operador, y/o promueva o acepte la ampliación del negocio hacia otras dependencias, el negocio se volverá menos pulposo y sustancioso.

4. Por iniciativa del Gobernador Everth Hawkins Sjogreen, mediante Ordenanza No. O11 del 2.021 la Asamblea Departamental modificó el Estatuto Tributario del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

5. El 6 de julio de 2.021 fue sancionada por el Gobernador Everth Hawkins Sjogreen y el 22 de julio de 2.021 nombró como Secretario de las TICS a Victor Javier Turizo Palencia con el respaldo de la diputada Carolina Púa Murillo y su cónyuge Carlos Alberto Bryan Uribe, actual candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U, en lista conformada con Ligia Rojas Lobo, madre del diputado Carlo Domingo Gallardo Rojas, miembro de la Comisión de Gobierno de la Asamblea.

De esa forma Everth Hawkins Sjogreen contará con facultades hasta el próximo 30 de diciembre para la implementación de la tarjeta de turismo, y la tarjeta de turismo electrónica; establecer las características así como la contratación del operador o los operadores.

La Ordenanza No. O01 de 2.021 y todas las actuaciones posteriores a su aprobación violan la ley en forma manifiesta, notoria y ostensible.

La Ley 1386 de 2010 prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares, y dice lo siguiente:

Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.

Vale la pena recordar que la contribución a la infraestructura turística y hotelera es considerada como un impuesto: La Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció al respecto expresando que dentro del actual sistema fiscal, y de acuerdo con la Corte Constitucional,se identifican tres clases de tributos: Los impuestos, las tasas y las contribuciones, los cuales tienen características propias que los diferencian.

Persistir en continuar con la entrega de los recursos provenientes de la Tarjeta de Turismo a un tercero, sea quien fuera, equivaldría siendo laxos y pensando en los mejores términos de la buena fe, a por lo menos “una terquedad en el propio error”.

Los convenios celebrados por el anterior Gobernador, Ronald Housni Jaller con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda, LA EDUA, en donde les entregaba la soberanía contractual de la Gobernación, lo llevaron a revocar el convenio original, perseverando de cierta manera en su contenido en el segundo, lo cual lo condujo velozmente hacia los estrados judiciales a responder por el desastre administrativo y financiero del Hipódromo, el Tropical Parc, y otros.

La reunión de Panamá sería un mal precedente, sobretodo si la ciudadanía de las islas y quienes los eligieron ha sido ajena a los movimientos migratorios que realizaron los diputados en el extranjero.

¿A qué fueron?

¿Qué gestiones hicieron?

¿Con quién se reunieron?

¿Qué compromisos adquirieron?

¿Quién o quienes sufragaron el desplazamiento y su estadía?

Mucho recelo y demasiadas suspicacias genera esta ordenanza con la cual se buscaría una vez más la captura de los recursos públicos de la comunidad del archipiélago.

ADENDA : ¿Por qué el proyecto no fue presentado ante la Junta Directiva de la OCCRE antes de ser enviado a la Asamblea?