SAN ANDRÉS ISLA : UNA NUEVA CAPTURA DEL DEPARTAMENTO.

Estimados lectores: Por tratarse de un tema trascendental para todos, incluyendo a los protagonistas de este negocio, QUITASUEÑO, para no romper con la unidad del escrito por su extensión, hace en una sola entrega una exposición y análisis de una de las amenazas más grandes que se ciernen sobre el firmamento de las islas: La entrega de relevantes e importantisimas funciones del gobierno a un privado.

La curiosidad y la paciencia lo llevarán hasta el final.

El pasado 8 de julio, el Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen, de manera sorpresiva, sancionó la Ordenanza No. 001 de 2.021.

Antes de convertirse en Ordenanza, este proyecto que sin alucinaciones olfativas, desde lejos huele a feo, fue radicado en la Asamblea Departamental en forma silenciosa y sin información pública, por el Gobernador Encargado durante la suspensión del titular, Allen Jay Stephens, y defendida ante la Corporación Departamental, por su Secretario General, Marlon Mithchell Humphries, reemplazado nuevamente al regreso del titular, por la anterior Secretaria General, Rita Amador, declarada insubsistente en su momento por el Gobernador Encargado Jay Stephens. Esta Secretaría tendría un rol preponderante en caso de concretarse este negocio.

Desde el comienzo, todo un maremágnum adminitrativo denso, confuso, incierto, y sospechoso, detrás del cual se esconden situaciones muy difíciles de percibir por el ciudadano neófito en los entronques y laberintos de la administración pública colombiana.

De no ser porque aún existen diversos mecanismos legales y constitucionales para revertir lo que históricamente podría ser el episodio más voraz de apropiación y/o captura del Estado y el Gobierno de las islas, esta Ordenanza debería generarnos fuertes preocupaciones por el presente y el futuro de la administración del Archipiélago. Su campo de acción sería tan extenso que abarcaría institucionalmente no solo la Isla de San Andrés, sino también Providencia y Santa Catalina, cuyos habitantes carecen de la más mínima información de lo que está ocurriendo.

El Gobernador mismo podría allanarnos el camino convirtiéndose en defensor del interés público, y de la comunidad raizal, demandando su propio acto en lo que se conoce en términos jurídicos como una “acción de lesividad”.

Con el argumento de constituir una Sociedad de Economía Mixta que apoye la conversión del Archipiélago en un Territorio Inteligente y Sostenible (TI), pretende sustituir funciones esenciales del Gobierno, cuando el Ente Territorial, pudiendo ser depurado y fortalecido, dispone de copiosos recursos, que hoy se pelean como una piñata en olla de cartón, en una primera adición al presupuesto de más de 260 mil millones de pesos, y una aprobación de vigencias futuras para el año 2.022, por 46 mil millones más, sin contar con otras adiciones que seguramente pasarán por la Asamblea durante la vigencia fiscal del 2.021, sin examinar siquiera las nefastas experiencias que la Gobernación de San Andrés, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina han tenido con los contratos interadministrativos.

Alejandro Ramírez Vigoya. Investigador Económico. Periódico La República. Noviembre 25 de 2.020.

Síntesis de las autorizaciones y concesiones que ordena la Ordenanza No.001 de 2.021.

Para una mejor comprensión de nuestros lectores, en forma de síntesis se relacionan los aspectos más relevantes que contempla la Ordenanza, que a vuelo de pájaro, y si se mira de manera global, pareciera ser un acto de buena voluntad, buena fe, inocente, sincero para con nuestro Departamento, pero en donde el derecho a percibir utilidades por parte de un privado, se convierte prácticamente en la esencia de este negocio.

Concede al Gobernador del Departamento facultades por el término de un año, contados a partir de la fecha de publicación de la ordenanza, para que constituya una sociedad de economía mixta, en la modalidad de sociedad por acciones simplificadas, SAS, vinculada a la secretaría general, para el apoyo y la transformación tecnológica de la oficina de la Occre; las instituciones departamentales, las unidades ejecutoras o secretarías de la administración departamental, y la conversión del archipiélago en un territorio sostenible e inteligente, que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el departamento en esta área, así como la operación y la participación de otras actividades comerciales, conforme el estudio demostrativo que sustenta el acto, de acuerdo a la estructuración de una convocatoria concursal que se deberá realizar para la escogencia de uno o más socios privados para tal efecto.

Autoriza participar en la constitución de sociedades filiales de economía mixta indirectas de orden departamental, en los términos del artículo 49 y 94 de la ley 489 de1998; y a desarrollar, y participar de actividades comerciales de apoyo para la constitución de un territorio inteligente y sostenible medioambientalmente, con los soportes tecnológicos que le permitan agregar competitividad al departamento.

Desarrollar las inversiones y operación logística y tecnológica de la Occre, y los demás servicios asociados que sean requeridos para que el departamento tenga una tarjeta inteligente de ciudad; migrar a la prestación de otros servicios en tecnologías que requiera el departamento previo estudio de viabilidad para realizar todas las operaciones comerciales que se vinculen con la vocación de la empresa.

Autoriza al Gobernador para que en los estatutos sociales se indique el nombre a otorgar a la sociedad de economía mixta; que la duración de la Sociedad de Economía Mixta sea de 30 años, y las causales de disolución anticipada de la misma sean previstas en los estatutos.

Autoriza a que el Departamento aporte la operación del proyecto de modernización tecnológica de la Occre, como aporte en especie, además de la estructuración empresarial que realizará para tal fin; también la forma de dirección y administración de la Sociedad de Economía Mixta que debe ser estructurada en los estatutos sociales de tal manera, que se preserve los derechos societarios del departamento, y que a su vez se den garantías a los socios privados de protección y retorno de inversión, promoviendo que la operación se desarrolle con la experiencia y por parte del Privado.

Autoriza que la Sociedad de Economía Mixta cuente con una Junta Directiva, y sus miembros en representación del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina deberán ser el Gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Secretario General del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, el Alcalde de Providencia y Santa Catalina islas, de acuerdo con el número de directores a proveer que determinen los estatutos sociales.

Autoriza a que el representante legal sea elegido por la Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mixta, conforme a las normas de la ley 1258 de 2008 – el veneno sin antídoto de las Sociedades por Acciones Simplificadas SAS- prevalentemente, y en lo dispuesto en esta en las normas del Código de Comercio y demás disposiciones legales vigentes.

Faculta al gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para establecer las condiciones jurídicas económicas y de experiencia, no señaladas en la Ordenanza, que deberán cumplir los socios privados, atendiendo los estudios de mercado, financieros, tecnológicos y legales requeridos para la constitución. de la nueva empresa, y a que se realice la convocatoria pública para ello.

Autoriza que la Sociedad de Economía Mixta esté vinculada a la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento, y a que se incluya en los estatutos la estipulación de que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, gozará del derecho de preferencia para adquirir las acciones de los socios particulares en caso de que se dé la venta de las mismas.

Autorizar al Gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para delegar la representación del departamento, así como las facultades administrativas que funcionalmente se deben ejercer en el seno de la Sociedad de Economía Mixta, al Secretario General del departamento.

Faculta al Gobernador del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, para que en uso de las facultades concedidas en la Ordenanza, y como aporte societario del departamento a la sociedad de economía mixta, según el estudio de viabilidad Empresarial, se comprometa ante los futuros socios privados a suscribir contrato interadministrativo entre el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la Sociedad de Economía Mixta que se constituya, por el mismo tiempo de duración de esta, a efectos de darle sostenibilidad a la empresa.

Prevé que en caso de que de manera excepcional se estipulare en el contrato interadministrativo, actividades que impliquen función administrativa a través de la delegación, estará sujeta a los protocolos de la ley 489 de 1998, con los controles que ello implica.

Ordena que la sociedad de economía mixta deberá contratar un esquema fiduciario para el manejo de los recursos de la empresa durante la duración de la misma.

Ordena que el contrato interadministrativo deberá contar con la interventoria contratada por el departamento que se pagará con los ingresos que obtenga el mismo en su calidad de socio público de la Sociedad de Economía Mixta.

Imágen tomada del estudio patrocinado por la Universidad del Norte de Barranquilla en el 2.018. Territorio Inteligente.

Los argumentos que expuso el Gobernador para no sancionar la Ordenanza pero que finalmente sancionó.

Aunque no son los únicos, porque hay muchos más que veremos adelante -y otros que asomarán el rostro con el transcurrir de los días, públicamente el Gobernador Hawkins expuso sus argumentos, prometiéndole a la comunidad por escrito, la televisión, la radio y las redes sociales, que se abstendría de sancionar esta Ordenanza, enviándole un escrito a la Asamblea, en donde expresamente manifiestó no tener estimaciones claras sobre los aportes del Departamento; y no estar valorados los estudios que eventualmente aportaría el Departamento a la Sociedad de Economía Mixta.

Agregó en el escrito, que el estudio demostrativo no plantea de manera precisa los objetivos que se pretenden alcanzar con la Sociedad de Economía Mixta; no refiere un detalle sobre la estructura orgánica de la sociedad, y no cuenta con un estudio financiero y económico en el que se plantee el escenario de inversiones tanto del Departamento, como el del socio privado.

Asimismo, dijo que no se disponen de proyecciones financieras mediante las cuales se pueda establecer el punto de equilibrio, el retorno de la inversión, y un flujo de caja proyectado.

De igual manera afirmó, que se debe aclarar cómo quedan las competencias de la Occre en punto de la operación de la tarjeta de turismo frente a la nueva tarjeta de ciudad propuesta para el manejo de la Sociedad de Economía Mixta.

Finalizó diciendo que uno de los postulados para la creación de una Sociedad de Economía Mixta, es precisamente desarrollar una actividad propia del Estado que este no puede ejecutar; que no cuenta con la capacidad operativa o tecnológica para hacerlo, y que no posee la solvencia financiera entre otras circunstancias.

Seis diputados a la Asamblea aprobaron la Ordenanza. De izquierda a derecha: Orly Rozó (1), Nicolás Gallardo (2), Carlo Domingo Gallardo (3), Carolina Púa (4), Escorcio Christopher (5) y, Oswaldo Garcia (8).

¿Por qué la Ordenanza No.001 de 2.021 se constituye en una seria amenaza?

El marco que cubre esta ordenanza es la Ley 489 de 1.998, que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura, y define las reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública.

Observando y analizando globalmente este acto administrativo emitido por la Asamblea, se observan peligrosas omisiones, y asuntos que no tienen ninguna justificación, y/o por lo menos, una buena explicación.

Existe una clara vulneración al Decreto Legislativo 2761 de 1.991.

Existe una clara violación al articulo 32 de la Ley 489 de 1.998; puesto que las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública , realizando todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

No existen documentos en donde conste que esta ordenanza fue socializada ante la comunidad en general.

Tampoco existe Información sobre la realización de una consulta previa ante la Comunidad raizal, puesto que afecta a todos, pero más a esta última, en lo más sensible de su supervivencia, como es la población, el territorio, el trabajo, la salud, la educación y la cultura.

Los habitantes de Providencia y Santa Catalina no tienen información sobre esta materia, y puesto que las involucra y afecta, el proyecto de ordenanza debió ser socializado en dichas islas.

No existe constancia de que el proyecto de ordenanza haya sido presentado y discutido en la Junta Directiva de la OCCRE.

No se fijan criterios para establecer con precisión, quiénes son los socios privados.

Al constituirse bajo el amparo de la Ley 1258 de 2.008, o régimen legal de las Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS, se facilita el secretismo frente a terceros, o cualquier interesado en conocer cuál y cómo es la composición de la sociedad, ya que en los certificados que expiden las cámaras de comercio sólo figura el nombre de los constituyentes, y el representante legal.

Las acciones representativas de capital que están colocadas entre los accionistas no hacen parte del activo de la sociedad como tal, sino del patrimonio individual de cada uno de los asociados.

Si una Sociedad por Acciones Simplificada es demandada, el embargo que se decreta no procede respecto de las acciones de las que sean titulares los asociados.

Los socios de la Sociedad por Acciones Simplificada pueden incluir una serie de restricciones a la negociabilidad de las acciones. ¿Cuáles serán dichas restricciones? ¿Se aceptarán nuevos socios durante el transcurso de la vida de la Sociedad?

No se sabe con exactitud cuál será el patrimonio de la sociedad?

No se sabe con exactitud cuáles serán los aportes del Departamento y cómo serán manejados

¿Terminará la Oficina de Control de Circulación y Residencia “OCCRE” en manos de particulares, con todo lo que ello conlleva, sobre todo en lo relacionado a la información confidencial sobre movimientos migratorios de los ciudadanos?

¿Cómo se presenta, aprueba y sanciona una ordenanza sin conocer estudios financieros definitivos que pueden comprometer la sostenibilidad fiscal del Departamento?

¿Desde la órbita administrativa de la función pública, terminará la Gobernación del Archipiélago capturada por privados que intuimos pero que no conocemos en su totalidad?

¿Por qué todo queda en manos de la Secretaría General de la Gobernación?

Se habla de una Tarjeta Inteligente, pero no dice para qué.

¿Conoce y/o se encuentra ilustrada la comunidad sobre los diferentes modelos de territorio inteligente?

¿Qué criterios tendrá el Gobernador para para establecer las condiciones jurídicas económicas y de experiencia, no señaladas en la Ordenanza, que deberán cumplir los socios privados, atendiendo los estudios de mercado, financieros, tecnológicos y legales requeridos para la constitución?

Se dice que el Departamento tendrá mayoría, lo cual no significa nada, ya que los estatutos pueden exigir, a manera de ejemplo, mayorías calificadas que obliguen al Departamento a actuar con los privados.

¿La transferencia que la Sociedad de Economía Mixta haga a particulares de su participación en el capital de cualquier empresa constituye una privatización?

Se autoriza para que en el convenio interadministrativo la gobernación entregue por delegación a la Sociedad de Economía Mixta, funciones administrativas que hoy ejerce, lo cual puede ser legal pero para el caso que nos ocupa, totalmente inconveniente.

¿Cuáles funciones se van a entregar?

¿Las de la OCCRE?

¿Y las otras entidades departamentales?

¿Van a gobernar los privados a la comunidad?

¿En qué quedará el control poblacional?

De todo lo anterior se puede concluir que hoy más que nunca el Departamento y todos los que en ėl habitamos, con el pretexto de pertenecer en un futuro, por espacio de 30 años, a un Territorio Inteligente con una Tarjeta Inteligente, seamos gobernados y controlados por un privado, a quien el representante legal, que es el Gobernador, hará entrega mediante decretos y convenios interadministrativos, de una sustancial suma de recursos en dinero y en especie del patrimonio de la comunidad.

Si el Gobernador no contempla dentro de las opciones, demandar su propio acto, esta Ordenanza debería ser atacada en vía de tutela; o a través de una acción de nulidad ante el Contencioso Administrativo.

Porque, podría ser ilegal, inconveniente e inconstitucional.

Si lo engaveta corre el peligro de que se convierta en una Caja de Pandora, y que en el momento menos esperado, aunque por curiosidad fuera, alguien dentro de la vigencia de las facultades, retire la tapa, y de ella emerjan otros males.

Acerca de alvaroarchbold (191 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

3 Comentarios en SAN ANDRÉS ISLA : UNA NUEVA CAPTURA DEL DEPARTAMENTO.

  1. ramon alejandro saucedo beron // 10 agosto, 2021 en 8:23 am // Responder

    se puede esperar algo bueno..? al alcalde quien lo ronda…..

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  2. 1).¿Puede el gobernador, echar para atras la ordenanza?
    2).Esta sociedad mixta podria tener acceso a los datos de la poblacion de San Andres, Providencia y Santa Catalina?
    3). Puede la poblacion raizal hacer algo para que en caso tal que esta ordenanza vaya en contra su beneficio?

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