COLONIZACIÓN CAPUCHINA DEL PUTUMAYO

Para hacer esta reseña, entre mis actos de fe y la verdad, aunque dura sea, he escogido la verdad.

Quitasueño

“SIERVOS DE DIOS Y AMOS DE INDIOS”

En la búsqueda de libros que permitan conectar la experiencia colonial del Estado Colombiano en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, he encontrado por la persistencia de encontrar fuentes documentales, uno de los textos más completos sobre la colonización colombiana. Y no es que sea precisamente un libro que hable sobre el Archipiélago. Es más, ni siquiera lo menciona.

Se trata del libro “SIERVOS DE DIOS Y AMOS DE INDIOS”, escrito por VICTOR DANIEL BONILLA, publicado inicialmente en 1968 por Editorial Tercer Mundo, con una segunda edición realizada en 1969 por Editorial Stella, y con una reimpresión de 200 ejemplares efectuada en el 2019 por la Universidad del Cauca (Biblioteca del Gran Cauca).

Vale la pena expresar que este libro fue traducido a la lengua inglesa, francesa, y al idioma japonés.

El libro es una obra magistral que muestra la relación del Estado Colombiano con la Misión Capuchina en el Putumayo, y deja ver la rigurosidad y profundidad con la cual el investigador aborda la historia de la colonización de más del 75% del territorio nacional, en todos sus matices, sin callar nada de lo que observó, escuchó y analizó durante tres años como investigador en los que fueran llamados “Territorios Nacionales.”

El escenario de la colonización por los misioneros capuchinos fue como lo describe el escritor, un hermoso valle del sur de Colombia, enclavado entre las montañas andinas de Nariño y Putumayo, a 2000 metros de altura, en donde habitaba la población nativa evolucionada y pacífica, constituida por los “Ingas” y los “Kamentzá”.

El Valle de Sibundoy en Putumayo

En sus notas al editor, el autor manifiesta que “el haber tenido la oportunidad de trabajar, previamente, en diversos Territorios Nacionales, le permitió conocer la situación en que permanecían los pueblos indígenas, tan lejos del Estado y tan cerca de la iglesia misionera, y le permitió identificar el “otro” imperialismo, el de la iglesia misionera católica, regente, por entonces, de los Territorios Nacionales y misionales que cubrían 72% del territorio nacional- cuya lejana importancia pasaba desapercibida a los revolucionarios citadinos.

La dependencia del Estado era manifiesta en los privilegios políticos, económicos, administrativos y culturales entregados a las misiones católicas en el Concordato y en los Convenios de Misiones, mientras otras minorías religiosas y , en especial, las poblaciones indígenas eran castigadas, frecuente y violentamente a nombre de la aculturación y salvación eternas.

Destaca el investigador que en la última década de 1890 arribaron al Valle de Sibundoy, los misioneros capuchinos, aunque se encontraban en territorio colombiano desde julio de 1647, accediendo al querer del secretario de la Propaganda Fide, organización para la evangelización de los pueblos con sede en Roma, quien había manifestado que “parece que conviene fuesen padres capuchinos de la Misión del Darién, porque es tierra de oro y rica, y es razón que vayan semejantes religiosos desinteresados”.

La primera llegada de estos sacerdotes escribió el autor, “ejerció una marcada influencia en el litoral Atlántico. Como eran valencianos y estaban impregnados del espíritu de cruzada que había caracterizado su terruño siglos atrás, se lanzaron a fundar misiones en las regiones de Urabá, Santa Marta, Valle de Upar y la Goajira.

Según sus sucesores fueron muchos los indios evangelizados, varios los pueblos fundados y amplia la influencia de que gozaron en todos los ámbitos, hasta su exódo casi total durante la guerra de independencia de España.

No obstante lo anterior, los capuchinos sufrieron grandes altibajos, entre los cuales, según consta en la obra de fray Antonio de Alcácer, “el fracaso del adoctrinamiento de los guajiros debido, entre otros motivos aducidos por un superior de la orden, a su altivez y soberbia, opuestos totalmente a la religión cristiana, al extremo de abandonar las casas de los españoles que los habían criado desde niños y a la imposibilidad de los capuchinos de hacerles dejar sus costumbres.

En 1893, al comenzar a percibir los auxilios del gobierno, el obispo de Pasto organizó una primera gira apostólica, encontrando que existía una carencia de operarios evangélicos,

llamando a su auxilio a los frailes capuchinos que habían sido expulsados el año anterior de la república de El Salvador, encontrando acogida por el dictador autocrático ecuatoriano, Gabriel García Moreno. Los frailes capuchinos aceptaron misionar en el Putumayo.

Presidente Marco Fidel Suarez con Fray Fidel Montclar

En los tres años siguientes, se lee en la obra, realizaron doce correrías cabalgando en las espaldas de los indios, para readoctrinar a los indios de los contornos , instalando los nuevos centros misionales en el Valle : El de Santiago, San Andrés, y el más importante de los tres, el de Sibundoy Grande, en donde, según los informes y documentos aportados por el autor, “se produjo la reimplantación de la preeminencia eclesiástica a través de la Ley 153 de 1887, según la cual la legislación canónica, aunque independiente de la civil, será solemnemente respetada por las autoridades de la república así como el Concordato entre el nuevo régimen de la República Conservadora del Presidente Rafael Núñez, y el Vaticano.

Con el concordado quedó refrendado el pago a favor de la iglesia, de intereses por los bienes que le habían sido incautados, adjudicándole una serie de privilegios en materia impositiva, educacional, civil, económica y política”.

Los primeros colonos blancos llegaron al Valle de Sibundoy de los Ingas y Kamentsás, fugitivos de las terribles erupciones que hiciera el volcán Doña Juana entre 1897 y 1899. Los exiliados, consta en el libro, “ fueron acogidos por los compasivos Ingas y Kamentsás, quienes les prestaron chozas y permitieron instalar pequeñas sementeras para poder sobrevivir”.

Pero esta relación de compasión y solidaridad muy pronto sería traicionada por los nuevos colonos habitantes del Valle, quienes amparados por las nuevas reparticiones de las tierras de los indígenas en sus cabildos, utilizaron los “picaplietos” , abogados y miedosos tinterillos, que accionaban el poder judicial con cientos de pleitos por la propiedad de la tierra de los indios, protegidos en la mayoría de los casos por los prefectos apostólicos que estuvieron al mando de la misión, en especial, por Fray Fidel de Montclar, apoyado a su vez por Fray Estanislao de Las Corts, descrito con “un carácter fuerte, enérgico, una voluntad indomable, apto para luchar contra las rocas y las montañas”.

El Gobierno Nacional incentivó la acción colonizadora de los capuchinos en el Valle De Sibundoy, y más adelante, desconocerían los derechos indígenas sobre extensas áreas del resguardo, asegurando que los terrenos ancestrales eran considerados como baldíos, lo cual llevó a muchos indígenas a la fuga, unos, y al suicidio, otros.

1920. 20 de julio en Florencia, Caquetá

El denominado por fray Fidel de Montclar en octubre de 1908 como “Reglamento para el gobierno de Indígenas”, estableció que los pueblos elegirán cada año un Gobernador entre dos candidatos presentados por el Prefecto Apostólico. Que en cada pueblo, cuyos habitantes excedan el número de quinientos, habrá un Jefe Inspector de Policía, nombrado directamente por el Prefecto Apostólico, y adjudicará a cada familia (dentro de sus resguardos) una porción de terrenos, y en los litigios y controversias que se susciten sobre terrenos no se oirá a nadie si no prueba que el terreno que pretende se lo adjudicó el Prefecto Apostólico, de acuerdo con la primera autoridad política del lugar, y en cada pueblo se destinará una porción suficiente de terreno para la iglesia, para instrucción pública y para la policía. Y todo el pueblo estará obligado a contribuir a la elaboración de los mencionados terrenos.

Los nativos del Valle de Sibundoy se negaron siempre a colaborar en la construcción de caminos, “con plena conciencia del peligro que para ellos significaba abrir esa brecha al hombre occidental. Para los capuchinos era asunto prioritario porque consideraban que el territorio del Putumayo se encontraba en riesgo de perderse por cuenta de los reclamos y penetraciones en la zona de originarios del Perú.

En 1909, después de cuatro años de gobierno misional capuchino, fray Fidel de Montclar “había puesto en marcha sus designios para la conquista del territorio, siendo su objetivo final, la evangelización católica y el desarrollo económico; la constitución de un patrimonio misional y la concentración de las parcialidades en pueblos a la española, con los auxilios económicos del Estado, y el trabajo obligatorio y muchas veces gratuito de los indígenas.

Fray Fidel de Montclar y otros misioneros en Bogotá

Hay que decir, siguiendo los lineamientos del libro, que la Misión Capuchina tuvo un gran benefactor: El Presidente y dictador Rafael Reyes quien impulsó el financiamiento estatal para la inversión pública en caminos y carreteras, teniendo el presidente y su familia intereses económicos en el Putumayo con la explotación de la quina para la malaria.

Su caída como presidente en 1909, obligó al gobierno nacional a crear una comisaría jurídica especial con el fin de investigar los genocidios de la “Casa Arana” con la explotación del caucho, en donde se organizaron cacerías de indios y  perecieron centenares de estos por la explotación inmisericorde y los malos tratos infligidos por la caucheros, obligando al gobernador de Nariño, expedir el Decreto 263 de 1910, declarando comarcas integradas a la civilización los poblados Ingas y Kamentsás, arbitrariamente declarados salvajes por los misioneros.

Resulta de gran interés el aporte del investigador al esclarecimiento de las formas de colonización adoptadas con el patrocinio del gobierno nacional, con la promulgación de la Ley 52 de 1913, que creó en Pasto la Junta de Inmigración para el Putumayo, integrada por el Prefecto Apostólico, el gobernador de Nariño y un miembro designado por el Ministerio de Gobierno con facultades para determinar los lugares por colonizar, la autoridad para adjudicar tierras baldías, abandonando los juicios de pertenencia, y ordenando que la junta de baldíos procediera de inmediato a hacer las adjudicaciones a la iglesia y demás favorecidos.

Los resultados de la investigación de Víctor Daniel Bonilla, nos demuestra que “a finales de 1913, la cuestión de la propiedad del valle de Sibundoy había sido “legalmente resuelta”, utilizando como modelo una colonización peninsular combinada con colonos blancos y mestizos, en su gran mayoría provenientes de Antioquia, en donde la misión ejerció una política deliberada de transculturación, muchas veces con castigos corporales que utilizaban el cepo, que hizo que “ en 1907, el Intendente de Caquetá ordenara la supresión del bárbaro tormento de este y los azotes, los cuales no obstante lo anterior perdurarían hasta la década de 1940.

Para efectos de incentivar la colonización, la Prefectura Apostólica de Putumayo, de común acuerdo con la Junta de Inmigración, prometió auxilios de transporte, herramientas, casa, alimentación durante seis meses, servicio médico y medicinas, debiendo los aspirantes a colonos, “ser sanos, católicos, de buena conducta, especialmente sobrios.

Escuela de Sibundoy

El gobierno de José Vicente Concha, padre del Cardenal Luis Concha Cordoba, en su informe al Congreso de 1915, habló de “misioneros comerciantes” y de falta de resultados, reinando un estado generalizado de minifundio y miseria entre indígenas y colonos ya que habían sido pocos lo que habían establecido fundos económicamente explotables.

Entre tanto, en el vicariato suroriental se acentuaba el cambio producido por la colonización. Así lo afirma el autor, cuando escribe: “No en vano habían entrado en servicio las carreteras que unían al interior del país con Florencia y Puerto Asís: el flujo inmigratorio aumentaba, los ríos eran surcados por toda clase de embarcaciones motorizadas, se habían abierto campos de aterrizaje y la producción pecuaria crecía aceleradamente.

“Colombia estaba sumida en el enfrentamiento armado conocido con el neologismo de la violencia, una de cuyas características, o concomitancias, fue la persecución de las iglesias protestantes.

En esta actividad tomaron partes numerosos eclesiásticos, respaldándose siempre en derechos reales o supuestos conferidos a la Iglesia Católica por el Estado, con base en la interpretación que se hace del Convenio de Misiones, posteriormente declarado inconstitucional, en donde se dispuso que en los territorios de Misiones del país es inadmisible la presencia de pastores o misioneros de religiones diferentes de la Iglesia Católica”

En alguno de los informes del comisario especial del Putumayo de 1964, y dentro de las fricciones que se generaban entre los misioneros y el Estado; el empeño de las autoridades jurisdiccionales por eliminar los excesos de la autoridad punitiva misional y el dominio vicarial sobre la instrucción pública, consta que Fray Bartolomé de Igualada le pedía a las autoridades gubernamentales que (sic) en ningún caso se debe descolonizar (…), desconociendo la autoridad civil del Inspector de Policía, consolidando el argumento de ser Colombia un país de colonización.

Finaliza el libro con una descripción y análisis de la llegada al Valle de funcionarios del Estado con el fin de implementar la Ley 135 de 1961, conocida como “Ley de Reforma Agraria”.

El INCORA creó el 6 de julio de 1964 el “Proyecto Putumayo”, exceptuando del plan de parcelación, a favor de los colonos, toda finca menor de cien hectáreas, concluyendo en la necesidad de aprovechar las magníficas condiciones naturales de la zona para adecuarla a explotaciones agropecuarias intensivas, previa su completa desecación.

Estando el terreno ya abonado, lo que ocurrió con posterioridad fue el aterrizaje en el Putumayo de los Cuerpos de Paz, el Instituto Lingüístico de Verano, la Texas Petroleum Company “Texaco”, el oro negro que nunca vieron los pueblos ancestrales. La explotación maderera, la desecación de inmensas zonas de humedales, la disminución casi hasta llegar a su extinción de los Ingas y Kamentzás, y la desaparición para siempre de centenares de especies endémicas de la flora y fauna.

Afirma el autor en los apartes finales del libro, que de los resultados del minucioso empadronamiento predial hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1966, la proporción de poseedores en favor del estamento blanco se amplía, llegando a su clímax con los 14 propietarios de cerca de la mitad de la comunidad indígena, que constituye 60% de los poseedores, y detenta únicamente, 22% de la tierra. Y mientras las parcelas de 491 indígenas pequeños colonos suman 875 hectáreas, la misión capuchinas poseía hasta la publicación del libro, 1092.

Excelente libro que ilustra y enseña. Pero sobretodo, nos da el coraje para comprender las equivocaciones, abusos y atrocidades que fueron cometidos, y que aún se cometen en un 72% del territorio, en la durísima y absurda conformación de la nacionalidad colombiana.

Acerca de alvaroarchbold (180 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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