PROVIDENCIA: LA TRAGEDIA DEL ESTADO.

El desastre del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con motivo del paso del devastador huracán Iota, corre los velos del Estado en su forma de actuar frente al territorio y las comunidades ancestrales.

Por tal motivo, QUITASUEÑO, publicará diversos eventos en los cuales la participación del gobierno nacional y de sus funcionarios con vocación de poder, muestra cómo han ejercido y materializado su política en el archipiélago.

En el día de hoy transcribiré el artículo titulado “SE DESMORONA LA CASA LÚDICA DE PROVIDENCIA”, publicado en este medio el 9 de mayo de 2017.

Las obras ejecutadas por el Estado en la isla de Providencia han servido para dos cosas: La primera, para tratar de lavar conciencias por la incuria, dejadez y abandono. La segunda, para beneficiar a contratistas y entidades foráneas con los dineros públicos destinados a solucionar las necesidades de la comunidad.

Con el fin de crear ambientes protectores  y dignos para los menores a través de la construcción,adecuación, y dotación de espacios que promovieran  o complementaran iniciativas de carácter educativo, deportivo y cultural para beneficio de la niñez y la adolescencia,  se determinó por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,  la necesidad de apoyar al Municipio de Providencia y Santa Catalina con la construcción de una Casa Lúdica.

La iniciativa surgió, según boletín informativo de la Cancillería Colombiana del 18 de noviembre de 2011,  luego de que el Gobierno Nacional aceptara de forma voluntaria la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que habla sobre la prevención y la lucha contra el reclutamiento armado infantil. http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-holguin-entrego-oficialmente-jovenes-san-andres-casa-ludica-construida-la

Para la ejecución del proyecto se apropiaron dineros a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo “FUPAD”, organización no gubernamental que se afilió en 1962 a la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyos mayores ingresos proceden de donaciones,  así como de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), motivo por el cual fue suscrito un documento denominado «memorando de entendimienteo de cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina islas,  y la Fundación», sin fecha, firmado por el alcalde Arturo Robinson Dawkins,  y la Representante Legal de la FUPAD para Colombia, Soraya Osorio,  en donde la Organización No Gubernamental asume la ejecución del proyecto de manera directa y autónoma.

Esta Fundación se ha caracterizado por desarrollar proyectos de desarrollo de diversa índole en diferentes países de América Latina, con resistencia en Bolivia, de donde tuvieron que salir por las presiones de Evo Morales en el conflicto con los cocaleros del Chapare.  En Colombia ha trabajado en proyectos de desarrollo territorial, grupos poblacionales y fortalecimiento institucional, entre otros, de los cuáles no conocemos sus resultados.

En el proyecto de la isla de Providencia, hay  quienes afirman que el costo  de la obra fue la suma de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.00); pero la FUPAD estima el valor total de la edificación en dos mil setecientos sesenta millones ($2.760.000.000.00), sin contar ochenta y tres millones adicionales ($83.000.000.00) que fueron invertidos para la dotación del centro, lo que equivale a un costo total de dos mil ochocientos cuarenta y tres millones de pesos ($2.843.000.000.00).

Finalizadas las obras de construcción y dotación en lo que anteriormente fuera la Escuela Santa Teresita de la isla, se suscribió el 15 de mayo de 2015, un acta de transferencia de obras civiles, entre el Alcalde de Providencia, Arturo Robinson Dawkins, y la FUPAD, a través de su representante legal para Colombia, Soraya Osorio.

Como se puede observar en las imágenes fotográficas tomadas por QUITASUEÑO, la obra realizada es una demostración  de la pésima calidad de los materiales utilizados, las fallas constructivas, la falta de una adecuada supervisión y el irrespeto hacia los Providencianos, a quienes les asiste el derecho de recibir el producto de las contrataciones en su territorio, cumpliendo con los estándares de calidad y fines para los cuales fueron diseñados.

Quienes han tenido que convivir con las anomalías de la edificación y han sido testigos de lo que en ella ocurre, relatan las inundaciones  cuando cae un aguacero; “Llueve más adentro que afuera”, afirmó un funcionario del gobierno, al ser interrogado. El daño del cielo- raso y de las instalaciones eléctricas,  el desprendimiento de las baldosas de los pisos interiores, así como de la rampla exterior que conduce hacia el segundo piso, evidencian una obra realizada con los peores estándares de calidad.

A todo lo anterior se suma la destrucción de la edificación por el comején, el cual abunda en los diferentes espacios exteriores, devorando con avidez y rapidez la madera prensada y de pésima calidad con la cual fue construida y, el aula principal del centro se encuentra cerrada, humedecida, sin ventilación ni energía.