LA ISLA DE SAN ANDRÉS, SECUESTRADA POR EL MIEDO

El 21 de junio pasado la Policia Nacíonal reportó dentro del operativo denominado “Operación Arcángel , la captura del ciudadano oriundo de las islas, Joseph Pusey Jones, considerado como uno de los más buscados por la organización policial, y a quien se requería por orden judicial, por el delito de tortura.

Días anteriores había sido capturado en otro operativo, Antonio Pussey Hooker, “Alias Macuto” por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y tráfico, porte o tenencia de armas, contra cinco policiales en el sector contiguo a “Matlina Hill” o “Salsipuedes”, La captura se dio en el sector de la Isla denominado “El Mosquitero” de San Luis.

Con antelación, la Policia Nacional había informado el desmantelamiento de una de las bandas delincuenciales que actúan sistemáticamente en San Andrés, denominada “Los Chachos”, operada por el ciudadano identificado con el alias de “Joe”.

Este sábado un taxista fue abordado por 4 sujetos residentes de la isla, inmovilizado y sujetados sus brazos, robándole el dinero de sus días de trabajo, dejándolo tendido en un paraje del territorio rural de la Isla conocido como “El más allá “ por ser ahí uno de los sitios en donde han ocurrido diversos ajusticiamientos y torturas, de tantos desaparecidos que nunca más regresaron a sus casas.

Si bien las aprehensiones han sido un golpe importante a la delincuencia de las islas, el problema de inseguridad que azota a San Andrés tiene tantos colores y matices, como tantos delitos tipifica el código penal colombiano, contra la vida y la integridad personal, lesiones personales, desapariciones forzosas, secuestro, tortura, desplazamiento forzado de algunos miembros de la comunidad raizal, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, constreñimiento e instigación a delinquir , concierto para delinquir , tráfico de migrantes, trata de personas, uso de menores de edad en la comisión de delitos, amenazas, violación de habitación ajena, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, actos sexuales abusivos contra menores, explotación sexual e inducción a la prostitución, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, incesto, delitos contra el patrimonio económico como hurtos simples y calificados, extorsiones, usurpación de inmuebles, perturbación de la posesión, daño en bien ajeno, urbanización ilegal, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, daño en obras de utilidad social, entre otros.

Este elenco de delitos que se cometen con cierta asiduidad en el territorio, tienen múltiples causas que determinan el ejercicio de la actividad, algunas de las cuales aún quedan por determinar.

La sobrepoblación y el modelo territorial que se ha desarrollado en la isla, genera condiciones especiales que determinan la proliferación de esos delitos, y la vinculación de jóvenes y adultos a organizaciones y bandas criminales con un “modus operandi” continental que ha tomado arraigo en la isla, con prestadores de servicios de sicariato oriundos de las Isla.

El hacinamiento, la ausencia de espacios públicos, parques y zonas verdes, en callejones y/o callejuelas angostas, se constituyen en espacios propensos para el surgimiento y desarrollo de organizaciones criminales.

Sumado a lo anterior, encontramos la ausencia de un proyecto de vida en muchos jóvenes y adultos, la deserción escolar, un modelo de familia disfuncional en donde ya no se reconocen los roles de los padres, y la falta de moralidad pública en quienes ostentan las mayores responsabilidades y funciones en el gobierno departamental.

Las estadísticas sobre la ocurrencia de hechos delictivos en la isla de San Andrés demuestran que la situación se ha venido deteriorando a ritmos sin precedentes, y que el año 2017 rompe con cualquier tendencia a la normalización o recuperación de la tranquilidad y convivencia ciudadana, disparándose hacia arriba como una flecha totalmente vertical, que le ha resultado imposible revertir a los guardianes del orden público departamental, algunos de los cuales – me refiero a algunos funcionarios del gobierno – han vivido distraídos en el ejercicio de sus funciones.

En el período comprendido entre el 2013 y 2018, 322 personas fueron amenazadas.

Fueron denunciados 184 delitos sexuales, en muchos de los cuales se encuentran involucrados menores de edad.

49 personas denunciaron haber recibido extorsiones que comprometerían su vida o la de algún familiar. En este delito existe una tendencia a la disminución en los años 2017 y 2018, luego de que en el 2014 se hubiera disparado el número de ciudadanos extorsionados. Muchas personas se abstienen de efectuar las respectivas denuncias por temor y miedo a venganzas y retaliaciones.

En el período comprendido entre el 2013 y 2018 fueron asesinadas San Andrés un total de 113 personas. Los años 2017 y 2018 son considerados como verdaderos años de plomo para la isla, y la tendencia para el 2019 no resulta para nada alentadora.

En el mismo período fueron robadas 667 residencias, disparándose en el 2017, y con una tendencia a aumentar en el 2019, como todos los eventos reportados en el transcurso del año.

Fueron perpetrados 460 hurtos a Comercio; 1481 personas fueron robadas y atracadas, y 422 motocicletas fueron sustraídas de calles, espacios públicos y residencias.

Es decir, en un lapso de cinco años, 3.030 personas, entre raizales, residentes, y turistas nacionales y extranjeros, han sido víctimas de robos y atracos, lo cual nos está colocando en una sociedad tomada por la delincuencia. Los turistas extranjeros que más han sido robados y atracados han sido los argentinos, seguidos por los brasileños, chilenos y españoles.

No existe en la isla, sector, barrio o vía secundaria y/o principal en donde no se hayan perpetrado atracos y robos. El porcentaje mayor lo ostenta el centro y sector turístico de North End, seguido por el barrio de Sarie Bay, seguido – y esto llama la atención- por el sector del Coliseo de San Luis.

Uno de los indicadores de intolerancia y crisis en la convivencia ciudadana lo podemos observar en la cantidad de lesiones personales perpetradas contra menores, mujeres, niños y hasta personas de edad madura. En esta tipología delictiva fueron denunciados 1835 hechos de lesiones personales cometidos con arma blanca y corto punzante, la mayoría de las cuales perpetradas en vías públicas (1458), dentro de la vivienda (64), en hoteles (51), casas de habitación (25), hospital (14), colegios y escuelas (26), bares y discotecas (31), entre otros.

Nos encontramos en una sociedad con la seguridad como bien jurídico absolutamente comprometida y degradada, en un territorio insular urbanizado y hacinado, incubador en la mayoría de los casos de delitos y contravenciones, en donde de manera urgente e improrrogable se requiere implementar una política pública de seguridad y convivencia ciudadana, que incorpore ya mismo, un estudio de capacidad de carga poblacional y turística para islas oceánicas, a lo cual se ha negado rotundamente el gobierno nacional, evadiendo y escondiendo una situación que se le ha salido de las manos. Es un derecho de todos los que aquí nacimos y vivimos, saber cuántos somos, y un deber del Estado y las autoridades y entidades del gobierno departamental gestionar todos los medios y aplicar los recursos financieros, técnicos y humanos para que esto pueda realizarse, contratando instituciones y expertos en la materia.

Se requiere también la intervención del territorio a través de planes parciales, el control del ordenamiento territorial, la reformulación del modelo educativo, y verdaderas políticas públicas de recreación y esparcimiento de infantes, adolescentes y jóvenes; mujeres, adultos mayores vulnerables en sus hogares al robo y a las diferentes modalidades delictivas, en donde muchas veces han sido violentados y golpeados.

Una política pública en el tratamiento de la criminalidad en el Departamento Archipiélago se hace imprescindible. La Cárcel “Nueva Esperanza” lejos de ser un espacio de resocialización, se ha convertido en establecimiento carcelario que propicia la reincidencia y el aprendizaje de nuevas formas y modalidades de delinquir.

La Policia Nacional en San Andrés, dotada de toda la infraestructura física (el inmueble más grande de la entidad por habitante y kilómetro cuadrado), administrativa e investigativa, debe comprometer totalmente – si no lo ha hecho – a la SIJIN, SIPOL y el GOES en la prevención del delito, y aplicar todos los procedimientos y mecanismos internos de manera permanente, para depurar la institución en San Andrés, en un territorio de 27 km2, abundante en “ollas”, y alquileres de armas, que los ciudadanos conocen, pero que sienten temor de denunciar, muchas veces porque ya lo han hecho, y han sido expuestos ante la delincuencia como informantes.

QUITASUEÑO quiere compartir con sus lectores y seguidores, la investigación graficada que desarrolló como observatorio del delito en San Andrés, en el período comprendido entre el 2013 y el 2018. La situación es crítica y alarmante, con una tendencia a empeorar en algunos delitos, de acuerdo al comportamiento que se viene dando en la medida en que transcurre el año 2019, con una economía empobrecida y afectada en todos los sectores, sin ningún ánimo de inversión, salvo en la infraestructura ilegal de construcciones que traerá más inmigrantes, agravando la crisis de hacinamiento, transversal a la problemática de inseguridad que nos carcome.

Acerca de alvaroarchbold (155 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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