SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA: ENTRE LA HAYA Y LA CORTE CONSTITUCIONAL

El 25 de septiembre de 2017, miembros del Movimiento Amen-SD, de la Autoridad Raízal, Corine Duffis Steel, y Walt Hayes, y el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, radicaron ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad, en contra del Pacto de Bogotá, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual fue inadmitida, frente al Pacto, y rechazada frente a la Sentencia, cursando en estos momentos un recurso de súplica.

Lo anterior en el preciso momento en que la Corte Internacional de La Haya, admitió tramitar y estudiar una contrademanda presentada por Colombia con hechos y fundamentos similares a los esbozados por Duffis, Steel y el Centro de Estudios Constitucionales.

¿Qué pretende el Movimiento Amén-SD y la Autoridad Raizal?

En relación al artículo 31 de la Ley 37 de 1961 (Pacto de Bogotá), la declaración de su constitucionalidad bajo el entendido que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia proferidas en desarrollo de controversias limítrofes, serán incorporadas al derecho interno siempre que respeten los derechos humanos de los pueblos asentados en los territorios objeto de delimitación y sean coherentes con los demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

La Corte inadmitió la acción.

En relación a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de noviembre 19 de 2012 por la cual se dirimió el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia, la declaración de la imposibilidad de su incorporación en el ordenamiento interno colombiano en la medida que desconoció derechos humanos del pueblo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, protegidos por el sistema internacional de los derechos humanos y generó efectos lesivos de los mismos.

En este caso, la Corte rechazó la acción.

La acción inadmitida por el Magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo Ocampo, estableció unos requisitos a cumplir para su admisión, a saber:

a. Un hilo conductor que permita comprender adecuadamente el contenido y alcance de las razones de inconstitucionalidad.

b. la exposición de razones que demuestren la necesidad de un nuevo juicio de constitucionalidad frente a una norma que ya fue declarada exequible.

c. la exposición de las razones “tendentes a clarificar las posibles consecuencias de la denuncia del Pacto de Bogotá, en la vigencia y efectos que pueda tener para el Estado colombiano”; y,

d. la exposición de las razones de la violación de manera clara, específica, certera y suficiente.

Magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, Antonio José Lizarazo Ocampo.

Los accionantes, Duffis, Hayes y el Centro de Estudios Constitucionales, cumplieron con los requisitos exigidos, pretendiendo como reza en el escrito, “que la Corte Constitucional profiera sentencia en la que se indique que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya deben ser incorporadas en el orden interno a condición de que respeten las normas que reconocen derechos humanos en favor de los pueblos étnicos.

Habiendo cumplido los accionantes con los requisitos establecidos por el Honorable Magistrado, la Corte debe decidir si admite o rechaza la acción frente al Pacto de Bogotá.

Frente a la sentencia de la CIJ, la Corte Constitucional rechazó la acción, porque entre otras, a pesar de haber reconocido de manera reiterada “asuntos que no encontrándose taxativamente señalados en el artículo 241 de la Constitución, pueden ser examinados por la Corte”, y agrega, que “entre las denominadas competencias atípicas o especiales de la Corte, el control al fallo de la Corte Internacional de Justicia “no hace parte de aquellas, por lo que no le asiste competencia alguna para pronunciarse sobre una supuesta inconstitucionalidad respecto de dicho fallo”.

Lo anterior llevó a Duffis, Hayes y al Centro de Estudios Constitucionales, a interponer un recurso de súplica, en lo que concierne al rechazo de la demanda, ante la misma Corte Constitucional, teniendo como argumentos aspectos relevantes fundamentados en relación a la competencia de la Corte Constitucional, debido a la imposibilidad de consagrar en forma taxativa todas las competencias, y a la existencia de mutaciones o variaciones constitucionales, resultando imposible afirmar que las competencias son expresamente las señaladas en el texto de la Constitución Política.

Además de lo anterior, la importancia de respetar el derecho de audiencia al pueblo étnico raizal, en donde le fueron solicitadas en dos oportunidades a la Corte Constitucional Colombiana, el decreto de audiencias públicas con el objeto de que fuera escuchado en la medida que los hechos que relatarían eran determinantes para el sentido del fallo, sin que sus peticiones fueran atendidas.

Ronny Abraham, Presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Abogado, Universidad de Paris Il, Panthèon-Sorbone

Hoy que ha sido admitida por la Corte Internacional de La Haya, una contrademanda, en donde Colombia pretende demostrar, que Nicaragua viola los derechos históricos de los pescadores raizales como protagonistas en su territorio, y vulnera el medio ambiente marino, se vuelve prioritario, ahora más que nunca, que la Corte Constitucional Colombiana se pronuncie de fondo acerca de los derechos que le asisten al pueblo ancestral nativo de las islas, admitiendo los argumentos del recurso de súplica interpuesto por Duffis y Hayes, dándole trámite a la Acción de Inconstitucionalidad, teniendo en cuenta una omisión de la Corte Internacional de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, de su deber de respeto y protección eficaz de los derechos humanos, al no haber tenido en cuenta al pueblo raízal asentado desde hace varios siglos en el territorio y aguas objeto de la delimitación. Así lo han ratificado los accionantes.

Se pregunta:

¿Cambiará su posición la Corte Internacional de La Haya, con la admisión de la Contrademanda interpuesta por Colombia?

¿Persistirá la Corte Constitucional Colombiana en su posición de declararse incompetente de conocer la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por los representantes de la Comunidad Raizal, Duffis y Hayes, por hechos muy similares a los que argumenta Colombia en la contrademanda recientemente admitida para su estudio?

¿Porqué el Estado Colombiano no adujo ante la Corte Internacional de La Haya, los mismos argumentos, al inicio de la controversia con Nicaragua?

San Andrés, Islas. Imágen de QUITASUEÑO.

Acerca de alvaroarchbold (155 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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