UNA DEMANDA ¿LA TABLA DE SALVACIÓN DE SAN ANDRÉS?

ENTREVISTA CON EL DR. SERGIO ESTRADA VÉLEZ SOBRE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PACTO DE BOGOTÁ Y LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia de La Haya profirió sentencia sobre delimitación de los límites marítimos entre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la República de Nicaragua, acogiendo gran parte de las pretensiones del vecino país.

El archipiélago fue desmembrado y, perdiendo su unidad, le fueron amputados más de 75.000 km2 de mar y plataforma continental.

Pero cuando todo parecía perdido, el pasado miércoles 19 de julio, el Centro de Estudios Constitucionales de Medellín, a través del Dr. Sergio Estrada Vélez, y miembros del movimiento Amen-SD, y de la autoridad raízal, radicaron ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad, con la cual los actores pretenden:

En relación al artículo 31 de la Ley 37 de 1961 (Pacto de Bogotá), la declaración de su constitucionalidad bajo el entendido que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia proferidas en desarrollo de controversias limítrofes, serán incorporadas al derecho interno siempre que respeten los derechos humanos de los pueblos asentados en los territorios objeto de delimitación y sean coherentes con los demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

b. En relación a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de noviembre 19 de 2012 por la cual se dirimió el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia, la declaración de la imposibilidad de su incorporación en el ordenamiento interno colombiano en la medida que desconoció derechos humanos del pueblo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, protegidos por el sistema internacional de los derechos humanos y generó efectos lesivos de los mismos.

¿Será esta acción de inconstitucionalidad la tabla de salvación del Estado y el inicio del reconocimiento de los derechos que reclaman los actores para el pueblo raizal?

Con el fin de conocer de primera mano y de manera didáctica los pormenores de la demanda, Quitasueño se trasladó al Carmen de Viboral, municipio pujante y pintoresco de las montañas del oriente antioqueño, con el fin de entrevistar al Dr. Sergio Estrada Vélez, abogado, con estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y experto en temas constitucionales.

Dr. Sergio Estrada Vélez, en La Carmelina, zona rural del Carmen de Viboral.

 

QUITASUEÑO : ¿En qué consiste una acción de inconstitucionalidad?

SERGIO ESTRADA : Todo sistema democrático debe contar con una constitución política que sirve de marco mínimo para regular las relaciones sociales. Ese marco mínimo se denomina constitución política, que es un pacto social que al mismo tiempo sirve de norma jurídica. Por eso se considera que es “norma de normas “

Cuando se advierte que una norma viola la constitución política, existe lo que se denomina el control de constitucionalidad representado en acciones públicas de inconstitucionalidad encaminadas a la protección de esa “norma de normas”. Eso es una acción pública de inconstitucionalidad que puede ser presentada por cualquier ciudadano en defensa de la constitución política.

QUITASUEÑO : ¿Porqué la acción de inconstitucionalidad hace referencia a las competencias implícitas de la Corte Constitucional?

SERGIO ESTRADA: El articulo 241 de la Constitución Política establece cuáles son las competencias de la Corte Constitucional. Entre esas competencias no se establece la posibilidad de que la Corte revise sentencias proferidas por un tribunal internacional. Pero, para resolver la pregunta es necesario hacer referencia a la coherencia que debe existir entre un instrumento internacional y la constitución política.

La Corte Constitucional, de manera “implícita” debe ser la encargada de determinar la coherencia entre la sentencia international y el ordenamiento constitucional, aunque esa facultad no se encuentre contemplada de forma expresa en el artículo 241, más aún cuando se encuentran afectados derechos humanos de pueblos y comunidades ancestrales.

QUITASUEÑO : ¿Quiere decir que es la Corte Constitucional quien debe armonizar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya con  el ordenamiento interno colombiano?

SERGIO ESTRADA : Así es: El artículo 4o. de la carta política establece que la constitución política es “norma de normas”. De tal forma, todo instrumento, bien sea, un tratado, un convenio, un laudo, una sentencia, tiene que guardar coherencia con la constitución política.

QUITASUEÑO : Qué motivó al Centro de Estudios Constitucionales, junto al Movimiento AMEN SD y la Autoridad Raizal, a ejercitar ante la Corte Constitucional este tipo de acción de inconstitucionalidad?

SERGIO ESTRADA : Inicialmente la convicción firme de que la academia debe ser un gestor de transformación social y defensa de los derechos humanos. Esto es, la academia debe ayudar al fortalecimiento del sistema democrático. Y en desarrollo de ese compromiso académico advertimos que una vez proferida la sentencia de La Haya, existía la manifestación de un pueblo que fue conculcado en sus derechos humanos, pero que no se generó ninguna reacción en defensa de esos derechos humanos.

Y en términos muy simples, se advirtió que una era la opinión del colombiano continental frente al problema limítrofe con Nicaragua, y otra muy distinta la opinión de un raizal frente a un mismo problema. Y cuando advertimos esa diferencia, encontramos que el fondo de esa diferencia radicaba en los derechos humanos del pueblo raizal.

En la medida en que el pueblo raizal vio desconocidos sus derechos humanos a la propiedad ancestral y la seguridad alimentaria, por ejemplo, el dolor frente a esa decisión era mayor.

Cuando advertimos esas noticias en los días siguientes al 19 de noviembre de 2012, encontramos que en la sentencia de La Haya no había ningún pronunciamiento en relación a los derechos humanos del pueblo étnico.

Inmediatamente surgió la pregunta: ¿Puede una jurisdicción internacional proferir un fallo limítrofe sin tener en cuenta la existencia y los derechos humanos de un pueblo?

La respuesta, formalmente, sería sí, porque el mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia no permite escuchar a los pueblos, solamente a los Estados. Pero si se trata de derechos humanos es otro el argumento, por cuanto la Corte Internacional no podía desconocer el asentamiento secular del pueblo étnico raízal de San Andrés y Providencia dentro de los límites modificados.

Miss Corine Duffis Steel, líder del movimiento Amen-SD

QUITASUEÑO : Y en este caso no se estaría tratando de modificar una norma de carácter supranacional en donde se habla de los Estados pero no de los pueblos?

SERGIO ESTRADA : Hay dos aspectos fundamentales:

Primero : A partir del principio de coordinación, todos los estados y organismos internacionales tienen la responsabilidad de velar por la protección eficaz de los derechos humanos. Y en tanto que las normas que los amparan, son normas de jus cogens,  que necesariamente han de cumplir los Estados, sin que puedan modificarlas por su voluntad, por lo que sus decisiones deben ser coherentes con la obligación de protección de esos derechos.

QUITASUEÑO : ¿Se extralimitó, entonces, la Corte Internacional?

SERGIO ESTRADA : Yo creo que no se extralimitó, sino que por omisión de su deber de respeto y protección eficaz de los derechos humanos, no tuvo en cuenta al pueblo raízal asentado desde hace varios siglos en el territorio y aguas objeto de la delimitación.

O sea, que en nuestra consideración hubo una omisión de la justicia internacional en su deber de protección de los derechos humanos.

QUITASUEÑO : ¿Si el Gobierno colombiano ya presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 31 de la Ley 37 de 1961 (Pacto de Bogotá)”, ¿qué diferencia existe con la acción de inconstitucionalidad presentada por el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, el Movimiento AMEN SD y la Autoridad Raizal, el pasado miércoles 19 de julio?

SERGIO ESTRADA : Muy importante establecer la diferencia.

La acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno y otros ciudadanos, en su momento estuvo dirigida a que se respetara el artículo 101 de la constitución política, en tanto que ese artículo 101, de acuerdo a algunas interpretaciones, no permite la modificación de las fronteras sino por tratados internacionales y, no por sentencias.

Pero nuestra acción tiene un enfoque más sólido y fuerte en cuanto está encaminada no a proteger las fronteras, sino los derechos humanos de los pueblos ubicados en las fronteras.

En esa ocasión, en virtud de la omisión de la corte, nosotros solicitamos como intervinientes, audiencias públicas al magistrado sustanciador, con el fin que fuera escuchado el pueblo raizal, petición que nunca fue atendida.

Posterior a ello y una vez proferida la sentencia, se interpuso una nulidad por cuanto al haber omitido las audiencias públicas, esa sentencia no era coherente con el deber constitucional de proteger los derechos humanos del pueblo raizal.

Por eso, esta nueva acción está enfocada a la protección de los derechos humanos, mientras que la anterior, o sea la interpuesta por el gobierno, estuvo direccionada a la protección de las fronteras.

QUITASUEÑO : ¿Desconoció la defensa de Colombia los argumentos que ustedes han expuesto en la demanda, sobre la necesidad que existía de escuchar al pueblo raizal en las audiencias de la Corte Internacional de La Haya?

SERGIO ESTRADA : En la estrategia defensiva del Estado colombiano no se utilizó un argumento fundamental, quizá el más importante, que configuraba una circunstancia pertinente e inobjetable, que era la presencia de un pueblo étnico en esa zona limítrofe, que además tenía que ser escuchado como pueblo, el cual tenía relaciones, no solamente económicas, sino también históricas, familiares, y culturales con el pueblo de la costa atlántica nicaragüense, motivo por el cual, del desconocimiento de esas relaciones, que también representan una violación al derecho a la seguridad alimentaria, se solicita que esa sentencia sea controlada, en cuanto a su vez, esa misma sentencia desconoció otros fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

James Crawford, abogado de la defensa de Colombia

QUITASUEÑO : ¿Cuáles son los cargos esgrimidos por ustedes dentro de la acción de inconstitucionalidad?

SERGIO ESTRADA : Frente al artículo 31 de la Ley 37 de 1961, consideramos que se violaron el artículo 2o. que hace referencia a la responsabilidad de velar por los principios y deberes del Estado; el 4o. sobre la primacía constitucional y, el articulo 9o. que hace alusión a la autodeterminación de los pueblos.

Igualmente, consideramos que se violó el “Bloque de Constitucionalidad “, específicamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, consideramos que se están violando los artículos 2, 4, 9 y 63 de la Constitución Política.

Y del Bloque de Constitucionalidad, se viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o, Pacto de San José; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Y algo muy importante es que se violan importantes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferidas en protección de comunidades o poblaciones étnicas, contra Nicaragua, Paraguay y Surinam.

QUITASUEÑO: ¿Qué prima entre una sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia, y otra por la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José ?

SERGIO ESTRADA : Mientras que la Corte Internacional de Justicia se preocupa por temas territoriales y de límites, la Corte Interamericana se preocupa más por temas de pueblos y derechos humanos.

Como se trata de normas que forman parte del Bloque Integral de Derechos Humanos, y en virtud del principio de coordinación, se debe procurar por la protección de los Derechos Humanos de los pueblos, por lo tanto prima la segunda.

QUITASUEÑO : Afirman ustedes en la demanda, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, incurrió con la sentencia proferida, en una vía de hecho, tanto directa como indirecta. ¿Porqué?

SERGIO ESTRADA : Incurrió en una vía de hecho directa al haber violado todos los convenios ya mencionados.

Incurrió en una vía de hecho indirecta, porque la Corte Internacional de Derechos Humanos omitió el estudio de circunstancias pertinentes, esto es, situaciones tan importantes y relevantes que debieron haber sido tenidas en cuenta al momento de haber tomado la decisión, pero que no fueron atendidas, cuando acogió el artículo 31 de su Estatuto Interno, que señala que solo podrán ser escuchados los estados y no los pueblos.

De haberlo hecho, el fallo hubiera sido diferente, para no afectar la titularidad de derechos humanos de un pueblo étnico y ancestral.

QUITASUEÑO : El artículo 14 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales o, Ley 74 de 1968, establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Qué pasaría si la Corte Constitucional declarase la inexequibilidad de las decisiones adoptadas, triunfando los planteamientos y peticiones de la demanda?

SERGIO ESTRADA : La acción de inconstitucionalidad presentada pone en evidencia lo que ha ocurrido durante muchísimos siglos con los pueblos étnicos y ancestrales. Básicamente los estados han ejercido actos de colonización contra esos pueblos. En virtud de esa colonización, ha desconocido a través de normas jurídicas, los derechos de los pueblos étnicos al territorio, o el derecho humano a la propiedad ancestral.

Es inocultable que el Estado ha promovido la ocupación de bienes de uso público en el territorio de la comunidad ancestral del archipiélago, lo cual ha generado fricciones entre los derechos humanos de la comunidad ancestral, y aquellos derechos de los particulares representados por el Estado, a muchos de los cuales les han sido adjudicadas propiedades a través de expropiaciones sumarias y, procesos de pertenencia.

El reto del Estado Colombiano y, de la sociedad en general, es conciliar los derechos humanos del pueblo étnico, con los derechos patrimoniales adquiridos de buena fe por los particulares.

Le corresponde al Estado promover a su costa, acciones indemnizatorias y/o reparatorias, y cuando los casos así lo justifiquen, acciones de restitución.

QUITASUEÑO : Dentro de las pruebas documentales solicitadas en la acción, se encuentra un formato denominado “Informe de riesgo No. 001-14” elaborado por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH. SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS.SAT: ¿Porqué es fundamental este documento?

SERGIO ESTRADA : Este documento, podría afirmarse, es el primero proferido por un organismo de control, como la Defensoría del Pueblo, en donde se reconoce que los diferentes gobiernos de Colombia han ejercido actos de colonización frente al pueblo étnico raizal.

El documento de la defensoria resalta sin ninguna dubitación, la existencia de esa colonización, promovida directamente por el Estado, y que Colombia debe comenzar a reconocer e indica la necesidad de recuperar y proteger el territorio como un presupuesto para la existencia de los pueblos.

QUITASUEÑO: ¿Quiénes pueden intervenir en esta Acción de Inconstitucionalidad?

SERGIO ESTRADA : Una vez la Corte Constitucional admita la acción, correrá traslado a todas las personas que tengan interés en la defensa de las normas jurídicas, o en su impugnación; organismos internacionales, instituciones académicas reconocidas; ONG’s; el Ministerio Público; el Ministerio del Interior; la Defensoria del Pueblo;  el DANE;  la Aeronáutica Civil a través de la Nación, como promotora de uno de los despojos territoriales más grandes contra el pueblo raízal, entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de alvaroarchbold (155 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

A %d blogueros les gusta esto: