GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS: 1.228 MILLONES EN HALLAZGOS FISCALES

De acuerdo con el último informe de la Contraloría Departamental de San Andrés y Providencia, en el año 2016, el gobernador celebró 2.119 contratos con recursos propios, por valor de $126.887 millones, sin contar aquellos tramitados con dineros provenientes de la nación.

Con 26 hallazgos administrativos y, 6 de carácter fiscal, copia del informe de 98 páginas, habría sido remitido, para lo de su competencia,  a la Procuraduria y Fiscalia General de la Nación.

Dr. Franklin Amador Hawkins, Contralor General del Departamento.

El 21 de abril de la presente anualidad, el Contralor Departamental, Franklin Gabriel Amador Hawkins, concluyó el “INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA REGULAR A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA”, feneciendo la cuenta para la vigencia fiscal del año 2016, con lo cual puso fin a la cuenta fiscal rendida por el ente territorial, lo cual incluyó la evaluación de la gestión y la opinión sobre sus estados financieros.

La entidad auditora calificó la gestión de la gobernación con concepto favorable, otorgándole un total de 88 puntos, el mínimo establecido para la aprobación del fenecimiento dentro de la matriz diseñada para este propósito, a través de un check-list, en donde antes de determinar el total de la sumatoria, se le asigna un puntaje a cada componente de la gestión.

Los diferentes componentes auditados fueron el de gestión contractual con 44,5 puntos; el de resultados con 23,8,  y el financiero, con 19,7, que apesar de la puntuación otorgada por la matriz,  y de las 38 modificaciones, 10 Adiciones y/o reducciones, y 20 traslados presupuestales ordenados en el 2016 por el gobernador,  técnicamente evidencia un buen manejo del componente presupuestal.

El propósito de la auditoría, reza en el documento, fue evaluar los principios de eficiencia, eficacia y equidad con los que fueron administrados los recursos puestos a disposición del gobernador, los resultados de su gestión, el balance general, estado de cambio en el patrimonio y, el estado de actividad financiera, económica y social, a 31 de diciembre de 2016, así como la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales.

En el informe hay de todo. Desde buenos puntajes y calificaciones, hasta serios cuestionamientos por una gestión fiscal antieconómica en algunos contratos auditados, así como acciones no cumplidas, expedientes desorganizados, sin orden cronológico, incompletos, sin técnicas de archivo, sin alimentación de las carpetas por parte de los supervisores, lo que a juicio de los auditores denota una ineficiencia directiva [sic] por parte de la Entidad para dar instrucciones, hacer seguimientos y aplicación de los debidos correctivos que permitan subsanar las irregularidades encontradas.

Consta en el informe que, revisada por el ente de control la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP- y, la del Sistema Integral de Auditoría-SIA OBSERVA, se evidenció que la mayoría de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación como contratos, otrosíes, adiciones, actas de inicio, supervisión, prórrogas, terminación y liquidación de los contratos auditados, no fueron publicados en dichos sistemas, lo cual podría llevar a una falta de transparencia .

En muchos de los contratos y convenios-reza en el informe-no se realizó un análisis histórico de los objetos, evidenciándose que este apunta a lo mismo. Tampoco se evidenciaron tarifas y precios y, en su mayoría fueron subcontratados por el contratista.

Llama la atención que una gestión contractual tan cuestionada, como ha sido la desarrollada por el gobernador Ronald Housni Jaller, haya obtenido una calificación parcial de 91.4 puntos. Pero con mayor escepticismo se observa cómo al factor de legalidad le hayan otorgado 88,3 puntos de calificación parcial, cuando en muchas de las actuaciones de este gobierno, salta a la vista que ni siquiera las cobijaría una presunción de legalidad. Ello solo podría explicarse por las limitaciones del muestreo y su carácter aleatorio.

La misma entidad fiscalizadora se muestra sorprendida -y así lo expresa en el informe-que en muchos contratos de prestación de servicios el gobernador haya adoptado la modalidad de la contratación directa, tratándose de servicios y productos comunes que son del interés general y, no son exclusivos del contratista, más aún cuando existe en el mercado local de San Andrés, pluralidad de oferentes que podrían participar en una convocatoria, vulnerando el principio de libre concurrencia de posibles interesados, conculcando el principio de selección objetiva, creando un universo restringido de oferentes, en el que perfectamente puede no estar la mejor oferta.

LA LUPA DEL CONTRALOR EN LA OFICINA DE PRENSA

El ente de control fiscal del departamento realizó dentro del proceso auditor del 2016, el muestreo de 15 contratos por valor de $22.147 millones, equivalente al 17,45% del valor total de la contratación, haciendo énfasis en 3 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, a saber: el 289, 363 y 1219, los cuales surgen de un mismo proyecto, de fortalecimiento a la comunicación pública de la gobernación, y sus objetos y alcances son similares, que sumados los valores de los contratos, arrojan un presupuesto total de $,1.390 millones, equivalentes al 86,17% de la contratación del Plan de Medios, y con un incremento del gasto en el rubro de un 46,8% con relación a la vigencia del 2015.

Pero a pesar de haberse realizado una auditoría a la contratación en general, los resultados de la muestra se refieren en términos específicos a tan solo a 3 contratos tramitados desde la Oficina de Prensa, sin saber qué ocurrió con aquellos de otras dependencias. En su orden de radicación y como fueron relacionados por la Contraloria, son los siguientes:

El contrato de Prestación de Servicios No. 289 de 2016

El objeto de este contrato, celebrado con Guillermo Pertuz Patrón, por valor de $210 Millones, fue la socialización como periodista, de los actos del gobierno y, democratización de la información institucional consistente en comunicar y divulgar los principales logros, gestiones y avances realizados por la administración departamental en sus diferentes áreas.

La Contraloria reprocha en el informe, la falta de evidencia de precios unitarios para cada producto, servicio o actividad a ejecutarse en el contrato, que sirvieron de base para calcular el valor de la propuesta, así como una violación a la resolución que establece la categoría, perfiles y remuneración de los contratos de prestación de servicios que celebre el departamento, resaltando que resulta inaplicable la tabla de remuneración para aquellos servicios profesionales que por su naturaleza especializada se rigen por precios de mercado, lo cual, en nuestra opinión, es objeto de discusión.

La Contraloria considera que podría haber un detrimento patrimonial de $155.469 millones.

Los mismos reproches los hace el organismo fiscalizador en los siguientes contratos:

El contrato de Prestación de Servicios No. 363 de 2016

Celebrado el 26 de abril de 2016 por la gobernación, con la empresa atlanticense PERISCOPIO COMUNICACIONES SAS, por valor de $550 millones, un plazo de 9 meses, para apoyar la construcción y desarrollo de conceptos creativos gráficos, para la realización de campañas institucionales de promoción, divulgación e información, alusivas a los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo, “Los que soñamos somos más “

La Contraloria considera que podría haber un detrimento patrimonial de $495.468 millones.

El contrato de Prestación de Servicios No. 1212 de 2016

Celebrado el 12 de septiembre de 2016 por la gobernación, con la empresa NATIVE FILMS, por valor de $630 millones, para la implementación de un Plan de Medios en la gobernación en diferentes medios [sic] de comunicación.

La Contraloria considera que podría haber un detrimento patrimonial de $575 millones.

Más allá de lo anteriormente expuesto, el informe dentro de lo que es del interés del ciudadano, es parco y limitado, tocando tangencialmente aspectos de gran importancia como es el tema ambiental, al que se refiere someramente, sobretodo en lo que hace referencia a la falta de ejecución de los recursos presupuestados por $700 millones, y la falta de incorporación de $1.162 millones más con destino a la adquisición y mantenimiento de zonas de interés público e importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales.

Observándolo con lupa, omite dar una respuesta en el marco de una auditoria regular e integral, a temas de gran relevancia como los relacionados con la tarjeta de turismo, tránsito movilidad (multas y comparendos) y tasas por ingreso al Parque Natural Regional de Johnny Cay,  pagos por condenas judiciales,  y otros en donde poco o nada sabemos como ciudadanos,  hacia dónde fluye el gran caudal y vertimiento de los recursos públicos de la comunidad en manos y bajo la disposición de Ronald Housni Jaller como responsable de la ordenación del gasto.

Si bien el informe de auditoría a su gestión consigna información valiosa e importante, aún refleja poco acerca de los hechos que se suceden en el diario acontecer de la administración del gobernador. La contaminación de la contratación por prestación de servicios es tan grande, que se requiere de la realización de diferentes auditorías especiales a los convenios y fundaciones, por donde ha circulado el dinero público de manera alegre y divertida.

El Señor Contralor ya está en mora de impactar sobre hechos que son de su conocimiento, porque algunos ciudadanos han tenido el valor y coraje de denunciarlos y, en San Andrés por donde quiera que nos asomemos, el aire se encuentra enrarecido y casi todo hiede a podredumbre.

Aún frente a la crisis y falta absoluta de credibilidad de la gente en los entes de control, creemos que su gestión es y será transparente e intachable. El tiempo es breve y como a todos quienes ejercen funciones públicas transitorias, más temprano que tarde el sol se pone a las espaldas.

 

Acerca de alvaroarchbold (155 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1 Comentario en GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS: 1.228 MILLONES EN HALLAZGOS FISCALES

  1. SIN COMENTARIOS. PERO YO AMO A SA ANDRES

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