LAS AVISPAS APP´S QUE RONDAN A LA GOBERNACION DE SAN ANDRÉS

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Con silencio, reserva y hermetismo comienza desde el Coral Palace de San Andrés, la estructuración de uno de los negocios más rentables de las islas: Las plantas desalinizadoras

Definitivamente el Estado nada le regala a nuestras islas. Las cuentas de cobro llegan y tenemos que pagarlas a precios impensables.

En la segunda semana del mes de mayo visitó la isla de San Andrés el Director de la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER- Luis Fernando Arboleda, oriundo de la ciudad de Pereira, conocedor y experto en el tema de aguas al haber dirigido empresas de la costa atlántica del caribe colombiano como la Triple A de Barranquilla y Metroagua de Santa Marta con vínculos estrechos con empresas españolas.

El objeto de la misión a la isla del Agente del Estado tuvo como prioridad el anuncio de la suscripción del convenio con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que manejará los tan anunciados 70 millones de dólares del BID para el desarrollo de proyectos en la Isla de San Andrés, confirmando en la entrevista concedida al Periódico The Archipiélago Press, lo ya manifestado por QUITASUEÑO de haber contratado una consultoría para estructurar y planear los proyectos de fuentes de agua para el suministro del líquido, agregando que de acuerdo al deseo del Presidente Santos, los primeros 20 millones de dólares serán destinados a la solución de los problemas de agua potable en ambas islas.

QUITASUEÑO conoció de fuentes reservadas, las cuales lo llevaron a radicar un derecho de petición al señor Gobernador, cómo con absoluto hermetismo para solucionar el problema del agua, se ha dado comienzo por la Gobernación y la Unidad de Gestión de Riesgos, a la estructuración de un negocio bajo la modalidad de las APP – ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, que además de los dineros que involucra la fase inicial parcialmente contratada por FINDETER con el Consorcio norteamericano CDM-SMITH-INGESAM, por valor de $3.890 millones, tendrá $2.110 millones adicionales en la misma etapa de prefactibilidad, más otros $44.300 en aquella de inversión,  para un gran total de $50.300 millones, suma similar a la aplicada para la adquisición, adecuación y operación por parte de SOPESA de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos – RSU.

La ley define a las APP´S como un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal, en este caso la Gobernación de San Andrés y Providencia, y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

Este tipo de asociaciones ha sido utilizada por el gobierno nacional para promover contratos relacionados con la infraestructura vial de 4G de la nación, y de ellas se dice que aunque la ley las vincula a la ley 80/93 y  1150 de 2013,  ha sido una de las formas de hacerle el esguince a la misma ley, figura que seduce porque el contratista que se beneficie de su adjudicación puede disfrutar de una concesión de 30 años, lo que implica multimillonarias sumas de ganancias en dinero, no importando que el contratista opte por asumir los costos de inversión porque los recuperará con creces vía tarifa y el plazo que dispondrá para operarla.

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La propuesta radicada en la Gobernación desde el 27 de abril del año en curso, no informada a la comunidad por el Gobernador y la Oficina de Comunicaciones a pesar de ser un tema de prioridad incuestionable y sin que aún el consorcio norteamericano CDM-SMITH-INGESAM con la interventoria de Proactiva haya entregado los estudios del recurso hídrico en la isla de San Andrés, ha sido bautizada con el nombre de “Sistema autónomo para la potalibilización de agua” teniendo como objetivo la implementación de un esquema para la venta de agua en bloque en el sitio de producción al concesionario o responsable actual del servicio de comercialización, que en este caso sería Proactiva, para lo cual pondrá en funcionamiento un parque eólico en una superficie de 10.000 mts.2 y la implementación de una desalinizadora con capacidad de producir entre 6.500 y 12.000 M3 de agua diarios.

Resulta clara la responsabilidad que le asiste al Gobernador como Representante Legal  del Ente Territorial en el proceso, quien al haber dado su aval deberá efectuar su inscripción en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas, que es una base de datos que administra el Departamento Nacional de Planeación y cuyo acceso solo le es permitido a él ya que el sitio se encuentra restringido con una clave personal que le asigna la DNP al señor gobernador.

QUITASUEÑO ha indagado acerca de las empresas asociadas que se beneficiarían de la contratación por APPS y ha corroborado la información en el registro mercantil de la Cámara de Comercio; ellas son las siguientes:

  1. INDRA C I S A

Este sociedad fue constituida en Bogotá el 19 de julio de 2001 mediante matrícula mercantil No. 1114807 de la Cámara de Comercio de esa ciudad, con un capital de 150 millones de pesos y tiene un objeto social bastante amplio porque puede realizar desde operaciones de comercio exterior , venta o alquiler de espacios para publicidad en los medios de divulgación hasta la ejecución de obras de ingeniería en todas sus ramas.

En su Junta Directiva aparecen como miembros, Claudia Tobar Muñoz en el primer renglón, con la suplencia de Silvia López Tobar.

Tenga cuidado, Señor Gobernador porque esta sociedad presenta datos incompletos para efectos financieros, comerciales y fiscales, además de encontrarse sujeta a las sanciones establecidas en el artículo 37 del Código de Comercio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al no haber cumplido con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil desde el 30 de abril de 2015.

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  1. I2B S.A.S.

Sociedad constituida en Bogotá el 10 de noviembre de 2011 mediante matrícula mercantil No. 2157780, con un capital autorizado y suscrito, pero no pagado de 10 millones de pesos, con el objeto social de estructurar y operar proyectos de eficiencia ambiental, energías limpias y MDL (mecanismos de desarrollo limpio) así como cualquier otra actividad conexa o complementaria, bajo la representación legal de Ana María Mikán González.

Tenga también cuidado, Señor Gobernador porque esta sociedad presenta datos incompletos para efectos financieros, comerciales y fiscales, además de encontrarse sujeta a las sanciones establecidas en el artículo 37 del Código de Comercio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al no haber cumplido con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil desde el 30 de agosto de 2013.

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  1. OPEBSA COMPAÑÍA DE ABOGADOS S.A.S.

Sociedad constituida en Bogotá el 16 de septiembre de 2008 mediante matrícula mercantil No. 1837159 con un capital autorizado, suscrito y pagado de 188 millones 940 mil pesos teniendo como Gerente y Representante Legal al Dr. Camilo Ospina Bernal, Ex – ministro de Defensa y Ex – Embajador de Colombia ante la OEA.

Su objeto social está relacionado con la prestación de servicios propios de la abogacía así como realizar toda clase de actos o contratos relacionados con la misma.

La última renovación de la matrícula se realizó el 16 de marzo del presente año, siendo la única de las tres sociedades que cumple con el requisito ordenado por la ley.

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Todo lo anterior nos está indicando que los apetecidos 70 millones de dólares del BID servirán para capturar una vez más a San Andrés, aprisionándola en manos de los promotores y estructuradores de negocios que como la picada del aguijón de una avispa,  solo nos han causado penas y dolores, agregando que el Banco Interamericano de Desarrollo  ha tenido que establecer nuevos procedimientos para atender  denuncias de comunidades y particulares que han visto cómo los recursos destinados a proyectos de desarrollo han tenido serios inconvenientes como ha sido el caso de Haití, Paraguay y Guatemala. (Ver el BID promueve la corrupción)

Las sociedades anteriormente mencionadas presentan en su propuesta una abundante relación de empresas con las cuales han colaborado o prestado sus servicios, pero no olvidemos que  el papel aguanta todo.

Como si la Dégremont, la Planta de Tratamiento de aguas residuales de los años 90 y la Planta de Residuos Sólidos Urbanos RSU no fueran suficientes, el señor gobernador podría estar iniciando una aventura en el laberinto contractual de las APP’ S que podría causarle a los usuarios potenciales de la isla del servicio de agua potabilizada, severos traumatismos en la economía personal de las familias, sin dejar de sorprendernos el motivo por el cual todo ha sido tan misterioso, silencioso, enigmático y casi que encubierto, habiendo en nuestra isla particulares que bien podrían estructurar un negocio similar o parecido, transparente a los ojos de la comunidad entera.

Surgen por el momento interrogantes que se hace necesario manifestar:

¿Porqué se radica una propuesta en el mes de abril del presente año, en pleno auge de las protestas de la comunidad, cuando aún no han sido entregados los resultados de unos estudios que ha contratado FINDETER por una descomunal suma de dinero,  y que serán el fundamento para la estructuración de los lineamientos básicos de la solución del problema del agua en San Andrés?

¿Dónde podrá funcionar en la Isla de San Andrés un parque eólico, para el cual dice el proponente, se requieren 10.000 mtrs2 de superficie?

¿Es la Gobernación de San Andrés quien decide con quién quiere asociarse dentro del esquema de las APP´s?

Si es así, ¿resulta obligatorio para el señor Gobernador dar a conocer a la mayor brevedad posible este proyecto a la comunidad de las islas?

¿Será que Proactiva asistirá a este proceso como convidada de piedra? ¿Guardará silencio? ¿Estará interesada? ¿Qué otras avispas la rondan muy de cerca?

¿Y Sopesa?

El señor gobernador tiene la última palabra y nosotros todos el derecho a recibir una información clara y transparente!

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Acerca de alvaroarchbold (151 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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