CUIDADO SAN ANDRÉS – LOS TRES ANILLOS DEL GRILLETE Y EL CLIP PARA ABRIR UNO DE ELLOS

Por : Álvaro Archbold Núñez

I

Como prisionera con grillete, casi de manera silenciosa la semana que ha pasado, San Andrés ha sido apretada con tres anillos. No obstante aún con la presión que la ha oprimido, alguien tiene el clip para abrir uno de ellos.

El primer anillo encadena al Ministerio de Minas, la Gobernación y a Sopesa, aunque a esta última se le brinda la ocasión de liberarse de la compresión que le ha generado el anillo del grillete.

En el fallo del 27 de noviembre de 2015, la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos interpuesta por la Procuradora Judicial II Ambiental y Agraria, decidió, entre otros, que el operador del relleno sanitario del Magic Garden, en esta caso la Gobernación, es el único responsable de su operación y mantenimiento correspondiéndole tramitar y obtener las autorizaciones y permisos ambientales requeridos y de dar cumplimiento a los planes de manejo ambiental establecidos por la autoridad ambiental Coralina.

Dijo el Tribunal que la inoperancia a la fecha de la Planta de aprovechamiento tuvo su génesis, en las instituciones jurídicas empleadas de manera inadecuada por las autoridades nacionales y departamentales, quienes desconocieron los principios contractuales de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia y los principios constitucionales de la función administrativa, desconociendo que SOPESA en ningún momento debió adquirir la Planta RSU sin haber previamente tramitado y obtenido los permisos necesarios, principio elemental de planeación en cualquier contratación.

Decidió el Tribunal que fuera el Ministerio de Minas y Energía quien gestione la consecución de los recursos económicos adicionales que requiera la operación de la Planta, que hasta donde conocemos, ascienden a la no módica suma de 6 mil millones de pesos, lo cual incrementa aún más  los costos de la RSU.

Como dinero es lo que hay, la Gobernación también dispone de esos mismos 6 mil millones de pesos para realizar las actividades complementarias relacionadas con la RSU, pero dado que la orden judicial dada por el Tribunal compromete al Ministerio de Minas con la consecución de los recursos, aún no existe claridad acerca de quién será el ejecutor de la suma de dinero mencionada.

Frente a todo lo anterior el Tribunal de cierta manera ha tratado de salvar su compromiso con la moralidad y transparencia expresando que SOPESA S.A. E.S.P., EEDAS S.A. E.S.P., la Gobernación, el Ministerio de Minas y Coralina, han vulnerado los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y los recursos naturales, al equilibrio ecológico, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, ente otros, toda vez que con su actuar negligente y omisivo han cohonestado para que transcurridos más de 3 años desde la construcción de la Planta de Generación de Energía de Residuos Sólidos- RSU- en el relleno sanitario Magic Garden, con dineros públicos que superaron los 20 mil millones de pesos, esta no se encuentre operando, ordenando la compulsa de copias del fallo a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

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Mientras tanto el Gobernador ya no es el Representante Legal de SOPESA. Pero ahora es él como Gobernador quien tiene la representación legal del Departamento así como la ordenación del gasto en caso que el Ente Territorial  sea quien aporte los recursos financieros para desarrollar las obras complementarias que debieron ser previstas en el proceso de contratación de la adquisición y construcción de la Planta.

Pero el Gobernador tiene el clip para abril el anillo del grillete: La Gobernación que nada tuvo que ver en la contratación, es quien ahora debe operar la planta; y el Ministerio de Minas que tiene remotas posibilidades de exonerarse pero insiste en que la responsabilidad es de SOPESA.

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Triste, sí, pero es así como se esfuman los recursos en una comunidad perdida en la desinformación y la indolencia.

II

El segundo de los anillos encadena a San Andrés,  al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa – Armada Nacional, la Fuerza Aérea y todas las entidades del Estado, incluyendo la Gobernación del Departamento, que dispusieron recursos apropiados por el Gobierno Nacional destinados a mitigar el impacto que tuvo el fallo de La Haya el 19 de noviembre de 2012, que ascienden a la suma aproximada de 2 billones de pesos, sin que los ciudadanos de las islas perciban que estos montos de dinero en realidad se hayan invertido.
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Cada una de las Entidades receptoras de recursos deberá informar el monto de los recursos destinados; la forma en que estos fueron girados; las entidades a las cuales efectuaron los traslados de fondos; a qué proyectos específicos fueron destinados; su ejecución detallada; monto del mismo, desarrollo porcentual; avance del proyecto, obra, o inversión y fondo sin invertir.

El Tribunal Contencioso Administrativo ha citado a audiencia el próximo 17 de mayo de 2016.

Pero todavía es temprano para saber si alguna de las Entidades requeridas tiene el clip que le permita abrir el anillo del grillete.

La gobernación deberá tener sus cuentas claras porque es muy probable que la Nación busque exonerarse en los funcionarios del Ente Territorial que tuvieron responsabilidades como receptores de dineros y ordenación del gasto.

III

El tercero encadena a la DIMAR y CORALINA.

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En las inmediaciones de la Empresa Texaco, el Muelle Departamental y la DIMAR, se viene rellenando con recebo de manera ilegal, abusiva, dolosa, clandestina y engañosa, el litoral marino, con el fin de ampliar el lote de terreno de un comerciante de las islas, el cual linda con el muelle departamental y la Texaco, pero también con la vía pública y con el mar.

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De no ser por las sospechas que se han tejido en relación al contrato de suministro de ACPM de SOPESA con CHEVRON, estos hechos hubieran pasado desapercibidos.

En las inmediaciones de la DIMAR se delinque de manera continua y sistemática contra los recursos naturales y el medio ambiente, incurriendo en conductas dolosas como lo son el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables; daños en los recursos naturales; contaminación ambiental, todas ellas tipificadas en los artículos 328 y siguientes del Código Penal.

La actividad marcadamente dolosa y clandestina que viene desarrollando el particular incrementa la erosión en el litoral, reduciendo el oxígeno para los organismos vivos; afecta la biodiversidad y compromete gravemente el manglar y los corales. Así lo ha afirmado un experto en la materia.

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Resulta casi inverosímil que teniendo la DIMAR la competencia en el manejo y supervisión de las aguas de bajamar, y siendo vecina del lugar en donde se realizan los hechos delictivos, no haya asumido el rol y los deberes que le asigna la constitución y la ley.

La entidad ambiental CORALINA deberá informarle a la comunidad acerca de las acciones que ha tomado para reversar el daño ambiental que se ha generado así como las medidas de contingencia y las investigaciones y procesos sancionatorios iniciados.

Igual comportamiento se espera de la Procuraduría Ambiental y Agraria como agente del Ministerio Público en San Andrés para la materia.

Estaremos atentos para evitar que un clip logre darle apertura al anillo del grillete.

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Acerca de alvaroarchbold (151 Artículos)
Abogado Universidad del Rosario, Especializado en sociologia jurídica con enfásis en sociopolitica de la Universidad de París II Panthéon-Sorbone. Ex-gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1 Comentario en CUIDADO SAN ANDRÉS – LOS TRES ANILLOS DEL GRILLETE Y EL CLIP PARA ABRIR UNO DE ELLOS

  1. gilberto rincón hincapié // 30 abril, 2016 en 8:00 am // Responder

    Y así seguimos en la ínsula,tomada por los mercaderes de nuevo cuño.Tristeza me causa cada vez que retorno a mi querida y añorada isla;los males que la aquejan van en aumento tomada de la mano de la más descarada corrupción.

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