LA CORRUPCION Y EL SAQUEO DE SAN ANDRES A TRAVES DE LA ENERGIA (II) PUNTA EVANS Y EL SISTEMA

II.
Liquidada ELECTROSAN, y de nuevo casados con la costa, CORELCA, en su calidad de propietaria de la infraestructura de generación de energía en las islas de San Andrés y Providencia, contrató en el año 1995 con SOPESA S.A. E.S.P., el suministro de energía y disponibilidad de potencia para la isla, iniciando su ejecución en el año 1996, con el traslado de las intalaciones de Bahia Hooker a Punta Evans, 8 años después de la conflagración del cuarto de tuberias de la empresa.

Para la nueva concesión fueron adquiridas por CORELCA 2 plantas BLACKSTONE MIRRLEES de fabricación inglesa, cada una generadora de 9.800 kw.h y 6 móviles General Motors EMD, lo cual colocó a la isla de San Andrés en una posición privilegiada de oferta a la demanda con buenos excedentes de generación de energía.

La historia color de rosa traía su veneno, letal para los usuarios,  a partir del montaje del sistema de operación más oneroso de todos los que jamás se hayan implementado en la isla; otra forma legal de robarle a los usuarios.
Corelca celebró un contrato denominado PPA (Power Purchase Agreement) en donde se comprometió a adquirir la energía eléctrica y la capacidad generada por Sopesa por un período de 168 meses, con la particularidad que el combustible diesel suministrado por Corelca con altos sobrecostos, fueron asumidos por Corelca y los usuarios.

La distribución y comercialización, dentro del sistema, fue asignado en el mismo año, a ARCHIPIELAGO POWER AND LIGHT «APL», empresa que tuvo que ser liquidada en el año 2006 ante las cuantiosas pérdidas operacionales acumuladas por ineficiencia  de algunos de sus funcionarios;  operadores cómplices de fraudes en la calibración de medidores, y sobrecosto de materiales y convenciones colectivas con pactos sin soporte en el flujo de caja de la empresa.

Dentro de las razones que adujo la Superintendencia de Servicios Públicos, en la Resolución del 20 de abril de 2006, hizo enfásis en la imposibilidad de APL de continuar prestando el servicio en el Departamento de San Andrés y Providencia, con la calidad y continuidad que ordena la Constitición y la ley.

Surge de esta decisión un nuevo esquema, que de alguna u otra forma sufragarían los usuarios del sistema; el primero de ellos, un contrato transitorio de mantenimiento y operación de la infraestructura, y de distribución y comercialización de energía entre APL EN LIQUIDACION y ETA SERVICIOS, empresa constituída en Pereira, Risaralda, la cual le aplicaba a los usuarios de la isla los costos  administrativos del sistema, tal como se desprende del acta de rendición de cuentas de APL EN LIQUIDACION a la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia,  en diciembre de 2007.

El segundo, como resultado de la reunión de la Junta de Acreedores de APL EN LIQUIDACION, otra operación consistente en la determinación de entregar  la totalidad de la infraestructura de distribución y comercialización de APL a CORELCA, como dación en pago de las obligaciones pendientes de APL con CORELCA, acordándose que la prestación del servicio de energía fuera efectuado directamente por CORELCA, quien expresó su imposibilidad de hacerse cargo del mismo.

Por lo anterior, se generó una tercera operacón consistente en un contrato de arrendamiento con ETASERVICIOS por 1 mes, mientras iniciaba hasta su finalización la selección de un gestor, con lo cual entramos en la última fase de las múltiples novedades y movimientos impulsados de manera unilateral e inconsulta por CORELCA; la celebración del  contrato de gestión No.4272 del 1o. de octubre de 2007 entre CORELCA y SOPESA, hasta que entrara en funcionamiento la nueva empresa EEDAS, incluyendo la administración, operación y mantenimiento del alumbrado público de la Gobernación de San Andrés y Providencia.

Las operaciones posteriores tuvieron que ver con el encargo fiduciario No. 311945 de 2008, celebrado entre CORELCA y la Fiduciaria de Occidente- FIDUOCCIDENTE- en donde los desórdenes administrativos de ordenación de pagos de dineros por parte de CORELCA, constituyente del Encargo, fueron de tal índole y envergadura,  que llevaron a la Contraloría General de la Nación a iniciar una investigación fiscal por detrimento patrimonial equivalente a la suma de $2.000.000.000.oo, en el cual el único responsable, CORELCA, jamás fue vinculado a ese proceso.

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Manglar de Bahia Hooker